LA CONSULTA INTERNA DEL PACTO HISTÓRICO

 Evaluación de Precandidaturas Presidenciales y Propuestas de Dupla de Gobierno

Un artículo con este título debía tener un primer párrafo que reafirmará la tesis que todo lo sólido se desvanece en el aire...que se transita en un territorio muy pantanoso y sensible y que no se hace con otro propósito que inquietar conciencias críticas. 

Colombia se encuentra en una coyuntura histórica marcada por la profundización de las desigualdades sociales, el impacto del cambio climático, la persistencia del conflicto armado y una creciente demanda ciudadana de transformaciones democráticas. 

En este contexto, el Pacto Histórico se consolida como la principal coalición de fuerzas progresistas, cuya experiencia en el gobierno de Gustavo Petro ha generado un laboratorio político para la izquierda colombiana. El reto inmediato es definir, mediante una consulta interna robusta, la fórmula presidencial para las elecciones de 2026, capaz de preservar los avances logrados y corregir errores.

Este texto examina las hojas de vida y desempeños de nueve figuras clave de la coalición: Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, Susana Muhamad, María José Pizarro, Carolina Corcho, Gloria Flórez, Alí Bantú Ashanti, Iván Cepeda y Gloria Inés Ramírez, proponiendo un análisis de fortalezas, debilidades y perfiles estratégicos. Finalmente, plantea cuál sería la dupla hombre-mujer más adecuada para dirigir el país, tomando en cuenta criterios de gobernabilidad, capacidad técnica, liderazgo social, legitimidad política y proyección internacional.

El artículo  no peca de ingenuidad y sabe que todo en política es incierto y todo está por definirse. Todo mi respeto y aprecio para los precandidatos y sus aspiraciones algunos más allá de sus verdaderas opciones, buscando mantenerse o posesionarse en un lugar de indispensabilidad... como proyecto de vida.

1. Perfil de los precandidatos

Sobre el perfil de los candidatos puede decirse cualquier cosa... Pero eso no sirve, sirve de lo que son capaces y el fundamento ético desde donde lo hacen. 

DANIEL  QUINTERO CALLE 

Exalcalde de Medellín (2020-2023), Quintero representa el ascenso de liderazgos juveniles no tradicionales, con una narrativa de outsider que desafió el dominio del uribismo en Antioquia. Su gestión se caracterizó por un discurso de innovación tecnológica y emprendimiento, así como por el enfrentamiento con el empresariado regional, especialmente por la crisis de Hidroituango. Su liderazgo disruptivo atrajo sectores independientes, pero enfrentó acusaciones de clientelismo y polarización. Quintero aporta conexión con votantes jóvenes, discurso de modernización y capacidad mediática, aunque su imagen nacional no está plenamente consolidada y su relación con partidos tradicionales es conflictiva.

GUSTAVO BOLÍVAR 

Exsenador, guionista y periodista, Bolívar es reconocido por su papel en la construcción del Pacto Histórico y por ser una voz crítica contra la corrupción y el narcotráfico. Su breve paso como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS) mostró vocación de gestión, aunque fue empañado por críticas a su falta de experiencia administrativa. Bolívar aporta capacidad comunicativa, narrativa política progresista y conexión con sectores populares, pero su perfil polarizador y su estilo combativo pueden dificultar alianzas con sectores de centro.

SUSANA MUHAMMAD 

Exministra de Ambiente, Muhamad es una de las figuras más destacadas del gabinete Petro. Su liderazgo en la agenda ambiental ha posicionado a Colombia como referente internacional en temas de transición energética y justicia climática, logrando compromisos como la protección de la Amazonía y la lucha contra la deforestación. Con formación en ciencia política y experiencia en planeación urbana (fue secretaria de ambiente en Bogotá), Muhamad combina visión técnica, liderazgo internacional y discurso ecologista, elementos cruciales en el contexto de crisis climática global.

MARÍA JOSÉ PIZARRO RODRÍGUEZ 

Hija de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 asesinado en 1990, Pizarro simboliza las luchas por memoria, paz y justicia transicional. Como senadora, ha liderado debates sobre derechos humanos y fue clave en la investidura de Gustavo Petro, consolidando su imagen como figura conciliadora. Su carisma y coherencia ideológica la posicionan como puente entre víctimas, movimientos sociales y política institucional. Representa memoria histórica, legitimidad moral y capacidad de diálogo, carece de experiencia ejecutiva de alto nivel.

1.5 CAROLINA CORCHO MEJÍA 

Exministra de Salud, Corcho encabezó una de las reformas más ambiciosas del gobierno Petro: la transformación del sistema de salud, enfrentándose a intereses corporativos y a un Congreso adverso. Su gestión, aunque controversial, reveló capacidad técnica y valentía política. Con formación en psiquiatría y salud pública, Corcho simboliza liderazgo técnico, compromiso con derechos sociales y fortaleza en negociación, aunque su imagen mediática ha sido erosionada por la polarización.

1.6 GLORÍA FLÓREZ SCHNEIDER 

Senadora y presidenta de Colombia Humana, Flórez es una veterana defensora de derechos humanos, con trayectoria en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el Parlamento Andino. Su perfil aporta experiencia internacional, redes de derechos humanos y visión estratégica regional, su bajo perfil mediático limita su proyección electoral masiva.

1.7 ALÍ BANTÚ ASHANTI 

Abogado, activista afrocolombiano y fundador de la Corporación Justicia Racial, Ashanti representa la voz de los pueblos afrodescendientes y comunidades étnicas históricamente marginadas. Su liderazgo se centra en inclusión racial, justicia social y derechos territoriales. Aunque carece de experiencia ejecutiva nacional, su candidatura aportaría diversidad y discurso transformador.

1.8 IVÁN CEPEDA CASTRO 

Senador de larga trayectoria, Cepeda es reconocido por su trabajo en defensa de derechos humanos, paz y justicia. Su papel en los diálogos con las FARC y el ELN, así como su enfrentamiento judicial con Álvaro Uribe, lo han consolidado como una de las figuras más sólidas del progresismo. Cepeda aporta capacidad de negociación, experiencia internacional y credibilidad ética, su perfil académico y su estilo pausado pueden percibirse como menos carismáticos.

1.9 GLORÍA INÉS RAMÍREZ 

Exministra de Trabajo y dirigente sindical, Ramírez jugó un rol clave en la discusión de la reforma laboral y en el fortalecimiento del movimiento obrero. Su perfil conecta al Pacto Histórico con sectores sindicales y feministas. Aporta experiencia legislativa, redes en el movimiento social y compromiso con justicia laboral, pero enfrenta limitaciones en proyección electoral y manejo mediático.

2. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE FORTALEZAS y DEBILIDADES 

Para evaluar la viabilidad de una candidatura, se consideraron cinco dimensiones estratégicas:

Candidato/a Experiencia Ejecutiva, Liderazgo Social y Político, Capacidad Técnica Proyección Internacional  y Potencial Electoral

Daniel Quintero Alta (alcaldía) Alta Media Media Alta

Gustavo Bolívar Media (DPS breve) Alta Media Media Alta

Susana Muhamad Alta (ministerio) Media Alta Alta Media

María José Pizarro Media (Senado) Alta Media Media Alta

Carolina Corcho Alta (ministerio) Media Alta Media Media

Gloria Flórez Media Alta Alta Alta Media

Alí Bantú Ashanti Baja Alta Media Media Baja

Iván Cepeda Media Alta Alta Alta Media

Gloria Inés Ramírez Alta (ministerio) Alta Alta Media Media

El cuadro evidencia que Susana Muhamad, Carolina Corcho, Iván Cepeda y María José Pizarro concentran fortalezas técnicas y políticas, mientras que Quintero y Bolívar poseen mayor arrastre electoral. Esto sugiere que una fórmula ganadora debería combinar liderazgo técnico y capacidad electoral, evitando polarizaciones extremas y sumando diversidad de orígenes y agendas.

3. CONTEXTO HISTÓRICO: EL PROGRESISMO EN LA ENCRUCIJADA 

El Pacto Histórico llegó al poder en 2022 como resultado de una coalición inédita entre sectores sociales, partidos alternativos y movimientos de izquierda. A dos años de gobierno, ha logrado avances en agenda ambiental, justicia social y reformas estructurales, pero enfrenta desafíos: gobernabilidad en un Congreso fragmentado, tensiones internas entre corrientes políticas y una oposición mediática feroz.

Históricamente, las izquierdas en Colombia no habían alcanzado la presidencia; el triunfo de Gustavo Petro rompió una hegemonía bipartidista de más de un siglo. Sin embargo, el desgaste del gobierno, la resistencia de élites económicas y los conflictos internos hacen urgente una renovación del liderazgo progresista. A diferencia de ciclos progresistas de países como Brasil (Lula-Rousseff) o Bolivia (Morales-Arce), Colombia necesita construir una segunda generación de liderazgos que combine experiencia institucional y conexión popular.

4. PROPUESTA DE DUPLA DE GOBIERNO 

No es nada fácil proponer Dupla porque todo depende de cómo se desarrolle y se consoliden los resultados de la consulta y ahí, como todo es incierto, se trabaja sobre supuestos. En este ensayo se propondrá dos opciones, pero pueden ser muchas más,  en otros ordenamientos posibles.

Criterios de selección

1. Complementariedad de perfiles: Unir liderazgo técnico con capacidad electoral y narrativa política.

2. Equilibrio de género: Garantizar participación real de mujeres en la conducción del Estado.

3. Diversidad territorial y social: Representar sectores urbanos, rurales y étnicos.

4. Capacidad internacional: Insertar a Colombia en debates globales (clima, paz, derechos humanos).

5. Legitimidad ética: Escoger figuras sin cuestionamientos graves y con trayectoria reconocida.

DUPLA RECOMENDADA: IVÁN CEPEDA – SUSANA MUHAMMAD 

Iván Cepeda (Presidente): Su experiencia en defensa de derechos humanos, rol en procesos de paz y capacidad de negociación lo convierten en una figura de consenso dentro del progresismo. Cepeda es respetado incluso por opositores, lo que facilitaría la gobernabilidad. Además, su discurso sereno y fundamentado contrasta con la polarización mediática, lo que puede atraer sectores de centro.

Susana Muhamad (Vicepresidenta): Su liderazgo ambiental e internacional la proyectan como figura clave para la agenda climática y energética, uno de los principales retos del siglo XXI. Como vicepresidenta, tendría protagonismo en diplomacia y transición energética, fortaleciendo la imagen global de Colombia.

Esta dupla combina experiencia política, credibilidad ética y visión estratégica global, además de reforzar la identidad feminista y ambientalista del Pacto Histórico.

ALTERNATIVA VIABLE: GUSTAVO BOLÍVAR – MARÍA JOSÉ PIZARRO 

Si el objetivo prioritario es consolidar un discurso político movilizador y emocional, esta dupla ofrece alta conexión con sectores populares. Bolívar aporta narrativa combativa y capital simbólico como crítico del sistema, mientras que Pizarro representa memoria histórica y feminismo. Sin embargo, su capacidad de gobernabilidad podría verse limitada por la polarización.

Pueden haber otras opciones que se definirá en la consulta con Votos, acá se han hecho por acumulados y capacidad. Prometo un artículo sobre la Dupla CAROLINA Corcho - IVAN Cepeda... 

5. DESAFÍOS PARA EL PACTO HISTÓRICO 

1.  Evitar pugnas entre sectores que debiliten la consulta interna. La competencia debe ser propositiva y se debe cuidar la unidad interna. 

2. Asegurar alianzas programáticas con sectores de centro y regiones históricamente, liberales y democratas. Es necesario construir gobernabilidad 

3.  Priorizar reformas concretas en salud, educación y empleo, que conecten con el electorado. Una muy musculosa agenda social.

4.  Colombia debe consolidar liderazgo regional en transición energética, política ambiental y construcción de paz

5.  Las figuras emergentes deben proyectar continuidad y cambio a la vez, mostrando madurez política esto es esencialmente renovación del liderazgo.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE 

El Pacto Histórico enfrenta el reto histórico de consolidarse como alternativa de gobierno más allá del liderazgo de Gustavo Petro.

 Entre los precandidatos, Iván Cepeda y Susana Muhamad representan la fórmula con mayor potencial de gobernabilidad, legitimidad ética y proyección internacional, mientras que Gustavo Bolívar y María José Pizarro ofrecen un discurso movilizador y fuerte conexión emocional con el electorado. Existen otras Dupla con muchas potencialidades por ejemplo Iván Cepeda Castro y Carolina Corcho, por solo nombrar otra entrada, pero eso se define con votos... 

Optar por una dupla Cepeda-Muhamad significaría profundizar una agenda de paz, justicia social y sostenibilidad ambiental con liderazgo sobrio, mientras que una dupla Bolívar-Pizarro representaría una apuesta de alto impacto simbólico, pero con mayor riesgo de confrontación. En ambos casos, el equilibrio de género es esencial para reafirmar el compromiso del progresismo con la democracia paritaria.

La definición de esta consulta interna no solo marcará el rumbo del Pacto Histórico, sino que determinará el futuro político del país, que hoy necesita un liderazgo capaz de conciliar transformación estructural y estabilidad democrática.

Lo que requiere hoy el país es de la mayor importancia y lo que se dice aquí no lo es...  o si...?. No lo sé,  todo lo sólido se desvanece en el aire, repetía mi profesor de filosofía con sorprendente testarudez. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 

EL ENCUENTRO DUQUE - NETANYAHU.  

La danza del estúpido y el genocida 

El encuentro del expresidente Iván Duque Márquez con Benjamín Netanyahu en agosto de 2025 no es un gesto aislado ni neutro. Ocurre mientras Israel enfrenta medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por riesgo plausible de genocidio en Gaza, y órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el propio primer ministro israelí y su ministro de Defensa por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la ofensiva criminal y genocida contra la población palestina.  

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 por la misma razón humanitaria, trazando una línea de política exterior que Duque decide ignorar en su visita, cuando  pesan sobre el conflicto  cifras de muerte,  de hambruna a gran escala y destrucción sistemática de bienes civiles. Un genocidio criminal contra el pueblo palestino en el que se ha puesto de blanco a niños y niñas, a mujeres y a ancianos, hospitales y escuelas, hogares y entornos urbanos.  

Este ensayo, cargado de rabia, si se quiere,  argumenta que el gesto de Duque es coherente con su trayectoria: un espíritu guerrerista y una política interna que, bajo el eslogan de “Paz con Legalidad”, bloqueó o ralentizó pilares críticos del Acuerdo Final con las FARC (2016), golpeó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y coincidió con la reactivación de la violencia en territorios periféricos, al tiempo que su administración quedó marcada por escándalos de corrupción y graves abusos de derechos humanos durante el paro nacional de 2021. 

1.  Gaza, derecho internacional y responsabilidad política

Desde enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos de genocidio y garantizar la ayuda humanitaria, reconociendo la plausibilidad de los derechos invocados por Sudáfrica a nombre del pueblo palestino. Dichas órdenes se reforzaron en decisiones posteriores de 2024-2025.  En paralelo, el TPI confirmó en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes graves en Gaza, un hito judicial que sitúa a la dirigencia israelí bajo escrutinio penal internacional.  A la dimensión jurídica se suma la humanitaria: clasificaciones de inseguridad alimentaria (IPC) y reportes de Naciones Unidas han alertado sobre hambruna y restricciones masivas al acceso de auxilios, lo que magnifica la responsabilidad política de quienes legitiman diplomática o simbólicamente la campaña militar. 

En este marco, la reunión de Duque—difundida con fotografías y mensajes celebratorios—no solo contraría la línea oficial colombiana (ruptura de relaciones en 2024), sino que envía un mensaje de convalidación política en medio de investigaciones y medidas internacionales sin precedentes. 

2. El encuentro Duque-Netanyahu: continuidad ideológica...

Duque no improvisa su cercanía con Israel. En noviembre de 2021, durante su presidencia, inauguró en Jerusalén una oficina de innovación (iNNpulsa) que la propia cancillería y EFE confundieron con un hito de aceleración de la relación bilateral. Ese viaje, con una agenda económico-tecnológica, consolidó la sintonía política con gobiernos israelíes de línea dura. 

Cuatro años después, ya como expresidente, Duque se presenta en Tel Aviv y se retrata con Netanyahu llamándolo “amigo y aliado del pueblo colombiano”, enfatizando “agenda de inversión y comercio” e incluso firmando memorandos con entidades israelíes, todo ello en plena fase de intensificación militar sobre Gaza. El episodio generó repudio y  críticas de líderes políticos y sociales, de académicos  y activistas de derechos humanos que defienden la causa Palestina en Colombia, no sólo por  inoportuna sino por su contenido simbólico. 

El contraste es elocuente: mientras el presidente  colombiano en ejercicio copresidía cumbres del Grupo de La Haya para coordinar acciones legales y diplomáticas ante lo que sus miembros califican de genocidio, el expresidente de un  uribismo decadente y retardatario  buscaba reforzar su alianza con un gobierno bajo investigación penal internacional. 

3. Duque un enemigo de la paz en Colombia. 

El gobierno de Duque se esforzó por desmontar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC de distintas maneras: 

a. Objeciones a la JEP y hostilidad al SIVJRNR

El capítulo más explícito de la animadversión de Duque al SIVJRNR fue su decisión de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, pese a que la Corte Constitucional ya había avalado el proyecto. El Congreso rechazó esas objeciones: la Cámara con 110 votos y el Senado con 47-34; la Corte ordenó a Duque sancionar la ley, confirmando que las objeciones “se hundieron”. Solo entonces el presidente promulgó la Estatutaria. Este pulso institucional retrasó reglas esenciales del componente de justicia transicional. 

La lógica política fue clara: debilitar la capacidad del sistema (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda) para producir verdad judicial y extrajudicial, favorecer comparecencias condicionadas y sembrar dudas sobre la legitimidad del modelo. La resistencia del Congreso y de la Corte contuvo los peores efectos formales, pero el mensaje de la Casa de Nariño fue inequívoco.

b. “Paz con Legalidad”: promesa discursiva, estancamiento material

El Instituto Kroc, encargado del monitoreo del Acuerdo, documentó un estancamiento persistente en la implementación entre 2019 y 2021: el porcentaje de disposiciones “en estado de no iniciado” se mantuvo en 18% y se convirtió en un “cuello de botella” estructural. Este congelamiento tiene impactos multiplicadores: sin avances en reforma rural, garantías de participación y sustitución de economías ilícitas (PNIS), los territorios quedaron expuestos al reacomodo armado. 

A ello se suman demoras y déficits de financiación en programas clave, así como la insuficiente protección a excombatientes y líderes sociales. Para marzo de 2022, la Misión de Verificación de la ONU registraba 315 firmantes asesinados desde 2016, una tragedia que evidencia fallas graves de garantías de seguridad bajo el gobierno Duque. 

c.  Reactivación del conflicto armado y crisis humanitaria 2018-2022

Bajo Duque, el conflicto no sólo mutó: se intensificó. Entre 2019 y 2022, Colombia registró un salto en masacres: 51 en 2019, 91 en 2020, 95-96 en 2021 y 94 en 2022, de acuerdo con cifras sintetizadas por Indepaz y organizaciones de derechos humanos. Esta curva, en medio de confinamientos y pandemia, es un termómetro del desorden territorial y la disputa armada por economías ilegales y corredores estratégicos. 

Los indicadores humanitarios confirman la deriva: OCHA y ReliefWeb reportaron en 2022 más de 338.000 personas desplazadas por violencia y centenares de eventos de desplazamiento y confinamiento, con picos en fronteras y cuencas del Pacífico, donde la presencia estatal efectiva era precaria.  Esta geografía de la violencia coincide con áreas priorizadas por los PDET, que requerían inversiones y presencia integral —no sólo fuerza pública— para consolidar la paz territorial.

Un segundo frente de deterioro fueron los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, junto con la violencia contra excombatientes ya mencionada. Diversos informes de HRW y la ONU subrayaron el aumento de abusos por parte de grupos armados y el déficit de medidas estatales de prevención y protección. 

4. Autoritarismo y corrupción: del paro nacional a los “Centros Poblados”

El gobierno Duque se caracterizó en lo esencial por ser autoritario y corrupto: 

1. Las protestas de 2021 marcaron el momento más crítico de la gestión de orden público de Duque. Human Rights Watch documentó abusos “atroces” de la Policía contra manifestantes mayoritariamente pacíficos; la CIDH realizó visita de trabajo, emitió recomendaciones y estableció un mecanismo de seguimiento. La ONU registró decenas de incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Es un patrón incompatible con los estándares internacionales y con las obligaciones nacidas del Acuerdo de Paz en materia de garantías a la protesta y participación. 

2. En 2020 estalló el escándalo de “carpetas secretas”: unidades de inteligencia del Ejército espiaron y perfilaron a periodistas, opositores y hasta funcionarios, lo que derivó en relevos de oficiales y, años después, en sanciones disciplinarias a militares. Este caso se inscribe en una cultura institucional que ya había sido cuestionada por “órdenes de letalidad” denunciadas por The New York Times en 2019 y reseñadas por ONG de libertad de prensa. 

3. En el plano electoral, la llamada “Ñeñepolítica”—la hipótesis de compra de votos con apoyo del ganadero José Guillermo “Ñeñe” Hernández—abrió investigaciones y polémicas que, aunque no concluyeron en sanciones contra Duque, sí expusieron prácticas y redes de intermediación política que erosionan la confianza pública. 

En materia de contratación, el caso MinTIC-Centros Poblados (2021) reveló la adjudicación de un contrato billonario con garantías falsas, lo que terminó en la caída de la ministra Karen Abudinen y dejó al descubierto fallas de debida diligencia, supervisión y controles en un programa destinado a cerrar brechas digitales en zonas rurales. Medios y periodistas que destaparon el caso denunciaron incluso presiones e intimidaciones. 

Estas controversias no son anécdotas: refuerzan el diagnóstico de un gobierno que administró la seguridad bajo una lógica punitiva, descuidó la legitimidad institucional y dejó grietas en la integridad pública.

 Ese prontuario doméstico ayuda a entender la facilidad con que Duque normaliza, a nivel internacional, alianzas con gobiernos que hoy son objeto de medidas y procesos por graves violaciones del derecho internacional humanitario.

5. Ética de la responsabilidad y comparación de políticas exteriores

Si la política exterior es una extensión de los valores internos del Estado, la reunión Duque-Netanyahu comunica coherencia con su ethos presidencial: una aproximación securitaria, fuertemente ideologizada, y renuente a subordinarse a estándares de derechos humanos. La visita, además, ignora el viraje que Colombia ensayó tras 2022: ruptura de relaciones con Israel en 2024 y liderazgo en la coordinación Sur-Sur del Grupo de La Haya para exigir el cumplimiento de decisiones de la CIJ y el TPI. 

En términos de imagen país, la discrecionalidad de un expresidente pesa. Quien debilitó la justicia transicional, discutió con las cortes la Estatutaria de la JEP y gobernó en medio de una escalada de masacres y desplazamientos, revalida ahora, en fotos y comunicados, a un primer ministro con orden de arresto internacional. El simbolismo —en política— es sustancia.

IDEAS FUERZA PARA CERRAR 

El encuentro entre Iván Duque y Benjamín Netanyahu, en medio de un conflicto que ha generado órdenes de la CIJ y del TPI y que organismos humanitarios califican como devastador, no es una mera cortesía diplomática. Es una toma de posición moral y política que encaja con un legado doméstico: sabotajes y demoras a la arquitectura de la paz (especialmente a la JEP), insuficiencia de garantías para excombatientes y líderes, reactivación de la violencia en territorios y un manejo de protesta social y de inteligencia estatal que contravino estándares básicos de derechos humanos. 

En la Colombia de posacuerdo, donde la paz exige paciencia, estratégica, inversión social, justicia transicional robusta y liderazgo ético, la foto con Netanyahu opera como un recordatorio: los gestos cuentan. Mientras el país intenta alinear su política exterior con el derecho internacional y la protección de civiles en Gaza, un expresidente exhibe continuidad con una visión de seguridad que, en casa, contribuyó a reabrir heridas y, fuera, a normalizar la excepcionalidad bélica. La historia juzga por trayectorias: Duque eligió el lado de la guerra como horizonte y la desconfianza hacia la justicia como método. Esa elección, hoy, vuelve a hacerse visible en una sala de reuniones de Tel Aviv.

Duque no representa al pueblo colombiano, ni es un agente de la paz, es en lo esencial un agente de guerra cargado de una práctica  de fetichismo estúpido y criminal. Su reunión con Netanyahu lejos de dignificarlo lo llena de lodo y lo debe avergonzar. Pero su estupidez no da para tanto porque está dada por fundamentalismos que alimentan a la extrema derecha autoritaria y criminal de la que hace parte. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 

“AVALES, LISTAS y RAPIÑA”

Anatomía crítica de una crisis anunciada en el PACTO HISTÓRICO y la COLOMBIA HUMANA 

En las democracias de partido débil, las reglas que organizan candidaturas y avales suelen convertirse en la economía política real de la competencia: allí se reparten poder, visibilidad y recursos. El Pacto Histórico (PH) —coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia— y su principal partido, Colombia Humana (CH), no han escapado a esa ley de hierro.

 En el ciclo 2023–2026, la forma en que algunos dirigentes gestionaron (y disputaron) las candidaturas al Senado y a la Cámara, así como la entrega de avales, derivó en lo que muchos militantes describen como rapiña politiquera: peleas de último minuto, vetos cruzados, reglamentismo ad hoc y uso instrumental de la “unidad” para justificar exclusiones. Este ensayo propone un análisis académico, crítico y no complaciente del fenómeno: ubica el y en la izquierda colombiana, reconstruye casos concretos y examina las consecuencias para la unidad del campo progresista, ofreciendo al final un conjunto de salidas institucionales y políticas que reduzcan la deriva patrimonialista del aval.

I. CONTEXTO HISTÓRICO: de la ÉPICA COALICIONAL a la GESTIÓN del BOTÍN 

El Pacto Histórico emergió en 2021 como alianza electro-programática de fuerzas de izquierda y sectores progresistas, combinando liderazgos sociales con políticos profesionales. Decidió competir al Senado en 2022 con lista cerrada y paritaria, intercalando hombres y mujeres (regla de “cremallera”), y consolidó figuras con capital mediático y territorial. La decisión de ir en lista cerrada, respaldada públicamente en ese momento, buscó disciplinar el voto y evitar la fragmentación típica de las listas abiertas; también supuso una negociación intensa por el orden de renglones, con efectos duraderos en el reparto interno de poder. 

La arquitectura coalicional, eficaz para la elección nacional, mostró fisuras en lo territorial (elecciones de 2023) y ahora en el salto hacia 2026. La coalición no es un partido único sino un agregado de organizaciones con personerías jurídicas distintas, prácticas orgánicas diferentes y liderazgos que responden a incentivos propios. Ese “federalismo de partidos” permitió sumar votos, pero dificultó construir reglas creíbles de selección. Las tensiones reaparecieron en 2023 con fuerza y hoy se reeditan en el diseño de las consultas y listas congresionales de 2026. 

II. El MARCO INSTITUCIONAL DEL AVAL Y LA  CONCENTRACIÓN DE PODER 

En Colombia, el aval de un partido con personería jurídica es requisito indispensable para inscribir candidaturas (salvo firmas). Lo expone la Ley 1475 de 2011 y la práctica electoral supervisada por el CNE: los representantes legales (o sus delegados) certifican la voluntad de apoyar a una persona para un cargo o lista. Sin aval no hay inscripción; con aval se accede a financiación, tarjetón, símbolos y tiempos. En suma: el aval no es un trámite, es la llave de acceso al sistema. 

Ese diseño centraliza poder en las cúpulas de los partidos y, en coaliciones como el PH, redistribuye el veto entre varias organizaciones. En el papel, ello favorece la coordinación; en la práctica, cuando faltan reglas claras y calendarios exigibles, habilita microregateos de último minuto, arbitrariedades y castigos faccionales: justo el caldo de cultivo de la “rapiña”.

III. EL 2023: el “momento originario” DE LA CRISIS DE AVALES 

La jornada de inscripciones para las regionales 2023 fue el primer espejo. Hubo avales que no llegaron o llegaron tarde, renuncias y reproches públicos entre dirigentes. Desde adentro se denunció desorganización y decisiones concentradas en pocos operadores con poder de firma y de bloqueo. Voces del propio petrismo calificaron el episodio como un “fracaso” y reclamaron unificar personerías jurídicas para evitar la fragmentación del control de avales. Estos hechos —documentados por prensa nacional— afectaron la moral militante y empujaron a aspirantes a migrar hacia otros partidos en el último minuto. 

El caso Atlántico se convirtió en símbolo: el pulso entre Máximo Noriega y Alfredo Varela mostró la combinación de vetos cruzados, redes personales, y el rol determinante de operadores con influencia en CH y en el comité del Pacto. La definición del aval cambió en horas, enviando una señal devastadora: el ganador no era necesariamente quien mejor encarnaba el proyecto, sino quien lograba el visto bueno de una cúpula que jugaba simultáneamente en varios tableros. 

En Bogotá, el conflicto entre el concejal Carlos Carrillo y el entonces presidente del Polo, Alexander López, terminó en tutela y, a renglón seguido, en la renuncia de López a la jefatura del partido el día del cierre de inscripciones: un terremoto que expuso el agotamiento institucional del Polo y su frágil encaje dentro del Pacto. Más allá de las razones de fondo, la señal fue inequívoca: los avales se habían convertido en un campo de batalla y no en un mecanismo transparente de canalización de la representación. 

Ese conjunto de episodios explica en parte el desinfle electoral del entorno progresista en 2023: si bien el PH aumentó presencia frente a 2019, quedó lejos de ser la fuerza hegemónica, y su fractura interna restó coherencia programática y atractivo para coaliciones locales. La imagen de improvisación y disputa intestina pesa —y pesará— en los alineamientos de 2026. 

IV. 2025–2026: NUEVAS REGLAS, VIEJOS INCENTIVOS 

Aprendida la lección, el Pacto diseñó para 2026 un itinerario de consulta interna (26 de octubre de 2025) para ordenar listas y escoger su candidato presidencial único. Las reglas principales: listas cerradas al Senado y, en algunas regiones, a la Cámara; orden de las listas según una votación interna; paridad y cremallera de género; y —clave— la “terna” para definir la cabeza de lista, elegida por el comité político. En el papel, esto podría conjurar “la dictadura del bolígrafo” de 2022; en los hechos, desplaza el poder hacia estructuras con maquinaria y caja capaces de movilizar votantes en una elección fría. Además, la fórmula de la terna conserva un control de cúpula sobre la cara visible de la lista. 

Este diseño ha provocado recelos: dirigentes y precandidatos han denunciado cambios estatutarios en CH y requisitos de respaldo (de ediles, concejales o firmas de organizaciones) que, si se aplican con discrecionalidad, operan como barreras de entrada para líderes sociales sin padrinazgos. La prensa registró que figuras como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad pidieron “claridad” y advirtieron contra jugadas que excluyan a las bases en la entrega de avales y la inscripción de precandidaturas. Si el reglamento se usa para “colmatar” la competencia, se volverá a 2023 con otro nombre. 

A ello se suma un dilema estratégico: listas cerradas + internas de baja participación tienden a premiar aparatos y castigar emergentes. La Silla Vacía alertó que estas reglas benefician a políticos profesionales (por su organización y recursos) y que incluso actores con vínculos clientelares o empresariales podrían capturar posiciones expectantes en las listas, desplazando a referentes de movimientos sociales. El remedio contra el bolígrafo puede terminar profesionalizando la rapiña. 

V. MÚLTIPLES PERSPECTIVAS SOBRE LA “RAPIÑA POLITIQUERA”

1. Para la base social que ayudó a ganar en 2022, la “rapiña” expresa una traición a la promesa de cambio. Se percibe que la cúpula arbitra avales y reglamentos según microalianzas y cálculos presidenciales, sacrificando coherencia programática y renovación. La consecuencia es desmovilización y éxodo de liderazgos barriales o étnico-territoriales que no encuentran cancha.

2.  Para congresistas o operadores con experiencia, listas cerradas, terna y requisitos de respaldo son mecanismos para evitar el caos y blindar el proyecto frente a oportunistas. Sus argumentos: (i) se acabó el sálvese quien pueda de listas abiertas; (ii) la consulta ordena; (iii) la paridad obliga a incorporar mujeres en posiciones reales. EL Problema surge si la selección se “cierra” sin garantías de piso equitativo para competir, el sistema produce exactamente el vicio que buscaba curar.

3. Al presidente Petro le interesa evitar que la izquierda llegue dividida a 2026 y articular un frente amplio en primera vuelta. De ahí que se diseñe una consulta interna con reglas que impidan “colgarse” de la plataforma presidencial para, luego, exigir renglones en las listas. La coalición definió precandidaturas y una ruta de unificación; sin embargo, cada regla que excluye reabre heridas y alimenta narrativas de “juego arreglado”. 

4. La dimensión ético-política cuenta;  parte del país asocia al PH con el ciclo de escándalos (UNGRD, entre otros), lo que exige doble vara de autoexigencia. Si, además, la entrega de avales se percibe como patrimonio faccioso, la legitimidad del progresismo se erosiona por la izquierda y por la derecha. Este telón de fondo condiciona la valoración pública de cualquier regla interna. 

VI. UNIDAD en RIESGO y “mantenimiento del proceso” en entredicho

Unidad táctica vs. unidad estratégica. La unidad de 2022 fue táctica y basada en metas comunes (ganar la Presidencia, asegurar bancada). La unidad que exige gobernar y refrendar mayorías en 2026 es estratégica: requiere instituciones partidarias que procesen conflicto y distribuyan costos y beneficios con reglas aceptadas. Sin ello, la rapiña reaparece porque cada facción internaliza que capturar hoy un renglón vale más que la supervivencia a mediano plazo.

Cuando el aval no tiene debido proceso (calendarios públicos, criterios verificables, motivos de negación), se vuelve moneda. A medida que crece el “mercado del aval”, también lo hacen incentivos para alianzas clientelares (negocios territoriales, “clanes” con caja, contratos de campaña), desplazando liderazgos comunitarios sin músculo. La prensa subrayó que, con las reglas actuales, esas estructuras podrían ampliar su influencia dentro del Pacto. 

El ingreso de candidaturas por cálculo de votos y no por trayectoria de causa desdibuja la identidad del progresismo: impone agendas locales, condiciona votaciones en el Congreso y diluye la capacidad de empujar reformas, en un contexto nacional de descrédito institucional y guerras de vetos.

 El caos de 2023 dejó cicatrices en regiones clave: Atlántico, Bogotá y otras plazas donde la coalición no capitalizó el gobierno central. La señal hacia 2026 es que la “marca” Pacto puede no transferir si la base percibe que la convocatoria se usa como instrumento de exclusión. 

La lista cerrada no es intrínsecamente mala; de hecho, puede fortalecer disciplina y paridad. Pero si su orden se define por una interna de baja participación, sin financiamiento equilibrado, auditorías y topes estrictos, captura el aparato que mejor moviliza buses y call centers, no la inteligencia programática que necesita un proyecto de transformación. 

VII. ¿CÓMO DESACTIVAR LA RAPIÑA? 

Siete reformas concretas: 

1. Unificación orgánica real (o confederalismo con dientes).

La fusión en un solo partido —o, en su defecto, un acuerdo confederal con estatutos vinculantes— es condición para que haya un solo órgano de avales sujeto a reglas públicas. Sin unificación, el veto cruzado seguirá. El trámite ante el CNE es decisivo y el tiempo apremia para que las decisiones rijan en 2026. 

2. Calendario y “debido proceso” del aval.

La Ley 1475 da marco general; el Pacto puede —y debe— crear un procedimiento intern

o reglado: plazos perentorios, criterios verificables (paridad, trayectoria, idoneidad ética), publicación de solicitudes y motivación escrita de las negaciones; si no hay respuesta en plazo, silencio positivo condicionado a verificación de requisitos. 

3. Consulta interna creíble: financiamiento y piso de garantías.

Si la interna define renglones, el Pacto debe asegurar microfinanciación equitativa para precandidaturas, control de gastos, observación independiente (MOE u otros) y límites estrictos a apoyos de maquinarias territoriales. Sin esto, la consulta no corrige el bolígrafo; lo terceriza. 

4. Blindaje contra “doble militancia de facto” y conflictos de interés.

Inhabilidades claras para operadores que definen avales y, a la vez, compiten por renglones; prohibición de “carrusel” de avales entre partidos aliados a última hora; trazabilidad pública de cambios estatutarios en temporada preelectoral. Denuncias recientes sobre “jugaditas” deben traducirse en reglas ex ante y no en escándalos ex post. 

5. Paridad sustantiva, no decorativa.

La cremallera debe ir acompañada de alternancia efectiva en la cabeza de lista y de cuotas de salida (puestos expectantes), evitando que la paridad se “cumpla” situando a mujeres en renglones simbólicos.

6. Circuito social de validación.

Abrir un canal formal para que organizaciones sociales (sindicatos, procesos étnicos, plataformas feministas, juventudes, ambientalistas) presenten listas cortas por circunscripción, con criterios de trayectoria y arraigo, que se ponderen en el orden de renglones junto con la votación interna.

7. Ética y sanciones.

Crear un Comité de Ética con autonomía para investigar compra de avales, presiones indebidas y uso faccioso de recursos públicos en internas; sanciones graduales que puedan llegar a la inhabilitación interna de quienes incurran en prácticas de rapiña.

VIII. Lecciones comparadas y factibilidad

Experiencias latinoamericanas y europeas muestran que listas cerradas con internas robustas (Uruguay, en parte España) pueden fortalecer partidos, siempre que haya (i) adhesión masiva de militancia formal, (ii) control de financiamiento y (iii) mecanismos de recall orgánico.

 Cuando todo eso falla, las listas cerradas se transforman en instrumentos de oligarquización. La pregunta para el Pacto no es “cerrada u abierta”, sino qué reglas garantizan competencia limpia y cómo se evita la captura por maquinarias que, en nombre de la victoria, corroen el proyecto.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE 

La rapiña no es un accidente ni solo un problema moral; es el resultado racional de reglas mal diseñadas o mal ejecutadas que concentran valor en manos de pocos y socializan los costos —pérdida de unidad, desmovilización, incoherencia programática— en la coalición y su electorado. El ciclo 2023–2026 expuso tres verdades incómodas:

1. El aval es poder: mientras siga administrado como patrimonio faccioso, no habrá unidad estable. La ley ampara el aval; el Pacto debe dotarlo de debido proceso interno para quitarle su carácter discrecional. 

2. Las buenas intenciones reglamentarias pueden reforzar malos incentivos: la consulta interna y la lista cerrada, sin garantías de competencia equitativa, profesionalizan la rapiña y facilitan la captura por aparatos, reproduciendo el vicio que prometían curar. 

3. La unidad estratégica exige instituciones: sin unificación orgánica (o reglas confederales vinculantes), el federalismo de personerías jurídicas seguirá trasladando la lucha política a los minutos finales del aval y al tribunal de los vetos personales. 

El Pacto tiene todavía margen de maniobra: el calendario de 2025 permite ajustar procedimientos, crear garantías y enviar una señal de autoexigencia que reencante a la militancia y reconstruya confianza con sectores sociales. Pero el tiempo corre: si la dirigencia opta por administrar la rapiña —en vez de desactivarla—, la coalición llegará a 2026 con el proyecto progresista esclerotizado, más dependiente de aparatos que de ciudadanía, y con menor autoridad moral para convocar un frente amplio.

El progresismo colombiano no está condenado a las viejas prácticas. Pero para cambiar la política, también hay que cambiar cómo se hace política adentro: reglas claras, transparencia radical, garantías simétricas y sanciones reales. El resto es retórica. Y la retórica no gana —ni sostiene— un proceso de transformación.

Fuentes clave citadas en el análisis

– Reglas internas del PH para 2026 y sus efectos sobre estructuras profesionales; consulta del 26 de octubre; paridad y cremallera. 

– Caos en los avales del Pacto en 2023; denuncias y renuncias; impacto en unidad. 

– Caso Atlántico (Noriega vs. Varela) como emblema de la volatilidad del aval. 

– Marco legal del aval (Ley 1475/2011; guías MOE; doctrina del Consejo de Estado). 

– Señales recientes de disputa sobre reglas y “jugaditas” en CH (requisitos y estatutos). 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político